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Domingo 25 de Junio de 2017

Tierras, territorios y recursos naturales

17 Junio 2013

Indígenas temen ser “confiscados”.

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Irán a la CIDH por sentirse amenazados por la ley del Canal.

Las autoridades del Gobierno Rama y Kriol, de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), anunciaron que recurrirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares en contra del Estado de Nicaragua, por la legislación aprobada respecto del Canal Interoceánico que podría expropiarle sus tierras, leyes para los cuales no fueron consultados.  

Becky McCray Urbina viajó a Managua para ser testigo de la aprobación de la ley y a hablar hasta el último instante, con los diputados de la Asamblea Nacional, exigiendo ser consultados. Ella señala que hubo un interés político superior y que los legisladores no piensan en la población y los pueblos originarios, pues solo están interesados en obtener recursos económicos.  

McCray explicó que ellos ya recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el año pasado, cuando se aprobó la Ley 800 del Régimen Jurídico del Gran Canal Interocéanico y de creación de la Autoridad del Gran Canal. En ese entonces tampoco fueron consultados.  

McCray señala que si la CSJ no ha dado respuesta por la primera ley, menos que responda por la recién aprobada, por lo cual consideran que han agotado las instancias internas.

“Ya hay un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley que está promoviendo el gobierno de Daniel Ortega. Hemos empezado desde años atrás hasta agotar las instancias aquí en Nicaragua, ya no vamos a esperar más y vamos a recurrir a la comisión y a la Corte también”, dijo McCray.  

El presidente de la comunidad de Monkey Point, Rupert Clair Duncan, manifestó que ellos ya esperaban un resultado adverso en el parlamento, pero que debían dejar constancia que solicitaron ser escuchados hasta el último momento. Reiteró que las tierras comunales de sus ancestros no pueden ser expropiadas de acuerdo a lo establecido en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT y leyes en defensa de pueblos indígenas.  

“Las tierras comunales son inenajenables, imprescriptibles, inembargables, no pueden ser donadas por nadie, ni siquiera por un juez, ni el Consejo Regional del Atlántico Sur, ni por el presidente de la República”, se quejó Clair. Ver artículo desde www.laprensa.com.ni

11 Junio 2013

Avanza saneamiento en territorio indígena de la RAAN.

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El gobierno territorial Wangki Twi Tasba Raya, ubicado en el municipio de Waspam, Región Autónoma Atlántico Norte, inició la primera fase del proceso de saneamiento de su territorio, que consiste en la capacitación del personal que estará a cargo del desarrollo de planificación y organización de una encuesta jurídica que se realizará a las personas que están en su territorio en calidad de colonos.

Constantino Rommel, presidente del gobierno indígena, precisó que se capacitará a 15 personas en la comunidad Santa Clara, quienes estarán a cargo de hacer la encuesta en el territorio indígena.

Esta es una capacitación para un proceso que posteriormente permitirá elaborar un diagnóstico el cual pueda identificar la base jurídica de la posesión de las parcelas de tierras indígenas que están ocupando los colonos.

El diagnóstico también definirá a los culpables en la venta de las tierras indígenas.

Cárcel y desalojo

Los síndicos del territorio señalan que una vez concluido este primer paso, exigirán a las autoridades de Gobierno el desalojo inmediato de los ocupantes de su territorio, además de cárcel para las personas que venden tierras, así como sancionar a los indígenas mískitos que funcionan como informantes de los colonos, y asegurar el establecimiento de guardabosques permanentes que cuiden las áreas desalojadas.

En tanto el alcalde de Waspam, Alex Fernández, mostró su preocupación por las afectaciones que se han provocado en el medio ambiente por la presencia de colonos en territorios indígenas y en Bosawás. Ver artículo en el nuevodiario.com

11 Junio 2013

Detectan inscripciones irregulares de propiedades.

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EN REGISTRO DE BILWI.

Un mes después de que la Procuraduría General de la República, PGR, denunciara que 17 notarios estaban involucrados en la venta de tierras comunales de la Reserva de Biosfera Bosawás, a particulares, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, detectó la aparente inscripción irregular de propiedades en el Registro de la Propiedad en Bilwi.

Lo anterior fue confirmado este lunes por el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrado Marvin Aguilar, en declaraciones a los periodistas, después de participar en la inauguración de un evento internacional sobre Derecho Constitucional.

Cabe mencionar que una semana después de iniciadas las investigaciones, la lista de notarios investigados por la CSJ aumentó a 30, y las pesquisas se extendieron a los Registros de la Propiedad de Bilwi, Región Autónoma Atlántico Norte, RAAN, de Jinotega y de Matagalpa.

Entregan protocolos

El vicepresidente de la CSJ, igualmente, precisó que la mitad de notarios investigados (15) por la venta de tierras comunales a particulares, ya entregó sus protocolos para que sean revisados por la Corte.

Aguilar explicó a los periodistas que hasta que concluyan las investigaciones la Corte Suprema iniciará el proceso administrativo contra quienes resulten involucrados en el tráfico de tierras en Bosawás.

El magistrado de la CSJ estimó que una vez iniciado el proceso administrativo, el período de pruebas podría extenderse 30 días, “porque deben respetar los derechos de todas las personas investigadas”.

La invasión de la Reserva de Biosfera Bosawás ha provocado enfrentamientos entre colonos e indígenas, con saldo de personas muertas y heridas, porque los primeros son acusados de estar despalando el bosque. Ver artículo desde elnuevodiario.com

24 Mayo 2013

Despale de Bosawás equivale a las áreas de tres municipios.

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Territorio deforestado en la zona núcleo es como si juntáramos los municipios Ocotal, Granada y Managua.

La Reserva de Biosfera Bosawás ha perdido 970.81 kilómetros cuadrados de bosque en la zona núcleo, a causa de la extracción de madera y del avance de la frontera agrícola, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic). Dicha cantidad equivale a la suma de la extensión territorial de los municipios Ocotal, Granada y Managua.

La pérdida de bosques forestales en el segundo pulmón de América equivale a un 12% de su zona núcleo, agregó ayer Fundenic, organización que está presidida por el naturalista Jaime Incer Barquero, para quien “el problema radica en que no existe una administración permanente con presencia en el área, ni una autonomía suficiente que impida la invasión” de los colonos que están depredando el bosque.

La zona núcleo

La zona núcleo es el corazón de la Reserva, mide 8,065.93 kilómetros cuadrados, y está integrada por seis áreas protegidas, la Reserva Natural Bosawás, que incluye el Parque Nacional Cerro Saslaya; así también, la Reserva Natural Cerro Cola Blanca, la Reserva Natural Banacruz, el Macizo de Peñas Blancas y la Reserva Natural Cerro Kilambé.

“En el área núcleo no hay otra opción que la conservación absoluta del bosque, sin intromisión de ninguna otra actividad. Quizá la única (actividad) que se puede permitir es la producción de energía para aprovechar los ríos que nacen en esas montañas”, precisó Incer Barquero.

En total, Bosawás mide 19,926 kilómetros cuadrados y representa el 15.25% de la superficie total del país. Fundenic proporcionó los datos de bosque perdido en hectáreas, calculando la extensión perdida en 970.81 ha.

Proponen medidas para su conservación

Según Incer Barquero, quien sobrevoló la Reserva, el 60% de la zona de amortiguamiento de Bosawás está “totalmente transformada”.

Incer Barquero ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa donde presentó imágenes aéreas de la Reserva de Biosfera. Estuvo acompañado de empresarios que están aglutinados en la Asociación Nicaragüense de Reforestadores, quienes se describen como una “organización sin fines de lucro, integrada por empresas e individuos” que trabajan en el “establecimiento, manejo y cosecha de plantaciones forestales con fines comerciales y en el procesamiento de madera proveniente de esas cosechas”.

El desalojo de los invasores

Asimismo, propusieron desalojar el área de los “invasores asentados ilegalmente en el territorio”.

Según Fundenic, es preciso “asegurar y garantizar las áreas que pertenecen a las comunidades indígenas autóctonas, comprometiendo a sus habitantes en el resguardo, patrullaje y manejo de las mismas”.

Incer Barquero aseguró que ya planteó estas propuestas al presidente Daniel Ortega, quien en días recientes prometió mano dura contra los depredadores del bosque.

Mayangnas en la solución

El doctor Jaime Incer y los representantes de la Asociación Nicaragüense de Reforestadores, plantearon al Gobierno una serie de medidas que, a su criterio, contribuirán con el manejo y conservación de la reserva.
Presentaron el establecimiento “de un Gobierno especial para el manejo de la Reserva de Biosfera”. Este, dijo el naturalista, “es un concepto diferente de lo que puede ser el manejo del territorio de un municipio”. “Los mayangnas serían parte de las acciones”, agregó. Ver artículo desde elnuevodiario.com

20 Mayo 2013

Conflicto territorial por explotar.

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COMUNIDAD MISKITA RECLAMA A HONDUREÑOS 44 KM2 NICARAGÜENSES.

Natalia Ismael, una miskita de Bilwaskarma, comunidad asentada sobre la ribera del río Coco, en Waspam, lleva un reporte fidedigno de todo lo que allí ocurre. El 25 de marzo pasado --anotó Ismael en su diario-- hubo tres balaceras entre los hombres de su comunidad y los colonos hondureños que viven en la otra margen del río. La razón: una porción de tierra de 44 km cuadrados que se disputan los pobladores de ambos países, donde los nicas cultivan y los hondureños meten ganado.

Según los miskitos, para entender la historia hay que remontarse a octubre de 1998, cuando el destructivo huracán Mitch arrasó con varias de las comunidades localizadas en la ribera del río.

Cuentan los comunitarios que el Coco, que sirve de frontera entre Nicaragua y Honduras, daba una especie de vueltas justo frente a sus comunidades. Para ilustrarlo mejor, sacan un mapa y ubican Bilwaskarma y Saupoka. Se ven tres dedos. Son las tres vueltecitas que daba el entonces caudaloso río.

Pero vino el Mitch y el río se desvió en línea recta, quedando esas tierras que en el mapa parecen tres dedos, de lado hondureño, a modo de islotes. Entonces la situación no pasó a más, los miskitos continuaron cultivando en tierra hondureña, como lo han hecho ancestralmente debido a la infertilidad del suelo en esos lados. Ver artículo completo en elnuevodiaro.com

20 Mayo 2013

Colonos en Layasiksa II.

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Unas 300 familias de colonos llegaron a posesionarse de territorio indígena miskito en la comunidad Layasiksa II, ubicada 30 kilómetros al sur de Rosita, denunció el representante legal de esta comunidad, Hilario Thompson.

 

Según Thompson, los colonos a su llegada destruyeron los mojones del Gobierno Territorial Indígena de Prinzu Awajun, se posesionaron de la tierra y realizaron deforestación en área protegida.

 

Producto de esta deforestación, los comunitarios incautaron 60,000 pies de madera de guapinol, cortés y cedro macho. Esta madera está guardada en un acopio de madera ilegal y, según Thompson, fue legalizada por autoridades del Instituto Nacional Forestal (Inafor) en Rosita.

 

Sigue invasión en Bosawas

 

El diputado suplente de Yatama, Noé Coleman, denunció que la semana pasada más de 300 familias invadieron la comunidad de Cola Blanca, ubicada en el territorio Mayangna Sauni Arunka.

 

Coleman, quien visitó el territorio mayangna, confirmó esta invasión y cuestionó: “¿Cuál es la mano dura que iba a poner el Gobierno ante las denuncias que hacen los territorios indígenas?”. El diputado expresó que Cola Blanca es parte de la Bosawas, por lo que hizo un llamado a las instancias del Estado a que actúen con el fin de proteger la reserva de biosfera.

 

“Pedimos al Gobierno que cumpla con el decreto presidencial y que se ponga mano dura a los invasores, pues si no lo hacen, van a terminar con la reserva. Es preocupante llegar a la zona, porque hace un año atrás, unas 120 familias había invadido y nuevamente vuelven ingresar 300 más, por lo que no hay control de parte de la Policía y el Ejército”, dijo Coleman.

 

Es por ello que Thompson, en nombre de los 18 líderes comunitarios de Layasiksa II, dirigió una carta al director general del Instituto Nacional Forestal (Inafor), William Schwartz, para denunciar al delegado de distrito de Rosita, Orlando Arancibia y al delegado municipal Hugo Alfaro, por la legalización de esa madera.

06 Mayo 2013

Acciones legales contra depredadores de Bosawás.

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Autoridades de Gobierno iniciarán acciones legales contra abogados, funcionarios, registradores, líderes comunitarios y todo aquel que haya participado en ventas de tierras indígenas y de Bosawás, acordaron los miembros de la comisión interinstitucional que se encuentra en Siuna para frenar la destrucción de esa Reserva.

En una reunión que se llevó a cabo ayer a puertas cerradas, en la que participaron miembros de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, además de ministros de varias carteras, también se acordó el lugar adonde serán llevados los colonos ante un inminente desalojo en Bosawás, según un informe que surgió tras el encuentro y que fue del conocimiento de El Nuevo Diario.

Entre tanto, en Rosita fueron asesinados dos madereros, aparentemente porque no pudieron cumplir con la entrega de madera a las mafias que trafican ilegalmente el recurso natural de la zona.

En Siuna hay nombres y apellidos de, al menos, 20 personas que están vinculadas a la venta de tierras, así como de abogados que han sido plenamente identificados y auxiliares de alcaldes que aparecen firmando documentos a favor de los colonos en la Reserva más grande de Centroamérica.

El Gobierno anunció medidas concretas para proteger la Reserva de Bosawás y de acuerdo con versiones de diferentes autoridades en Siuna, indican que van ahora a perseguir a los traficantes de tierras, que han hecho negocios en esa Reserva de Biosfera.

Mientras, un grupo de campesinos procedentes de diferentes áreas de Bosawás se están reagrupando en la vía Sunun-Kukalaya, desde el fin de semana, posiblemente para continuar los reclamos para que les legalicen tierras en la Reserva.

La Policía Nacional ejecutó un desalojo violento a estos campesinos que protestaban en Susún, quienes pedían la reforma agraria o una titulación de sus tierras. Todos viven en Bosawás o en territorios indígenas donde el Gobierno ya tituló las tierras en favor de los indígenas.

Las autoridades identificaron tres rutas de acceso a Bosawás que están utilizando los colonos que llegan del interior del país. Una es Río Blanco-Siuna-Alamikamba-Rosita y Bonanza, la otra ruta es Matagalpa-Puerto Viejo y Cerro Saslaya, y la tercera ruta es Jinotega-San José de Bocay.

El Estado ha ejecutado dos desalojos en la zona, en el 2001 y el 2010, pero no se brindaron alternativas a los campesinos que fueron expulsados, por lo que nuevamente los invasores regresaron a las montañas y la destrucción continuó. Ver artículo completo en elnuevodiario.com

06 Mayo 2013

SOS BOSAWAS.

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La Reserva de Biosfera Bosawas ha perdido más de 100,000 hectáreas de bosques y las consecuencias son catastróficas.

El ambientalista Jaime Íncer Barquero se atreve incluso a catalogar de alarmante la deforestación que ha sufrido este corredor biológico en los últimos años.

Ahora los indígenas mayangnas señalan, entre las afectaciones, la inseguridad alimentaria que viven.

El presidente de la nación mayangna, Aricio Genaro, señaló que especies de flora y fauna han desaparecido en la Reserva de Biosfera. “La deforestación ha repercutido en la seguridad alimentaria comunitaria, en la pérdida de la biodiversidad y en la pérdida de la cultura indígena. Ya no hay subsistencia alimentaria”, aseguró el dirigente mayangna.

Para el próximo 8 de mayo, la comunidad mayangna tiene previsto realizar un plantón en la capital para que sus demandas sean escuchadas por el Gobierno, con quien sostendrán una reunión el 9 de mayo.

En dicha cita le harán saber al Gobierno que aún no tienen claras las funciones de las instituciones que llegaron el viernes pasado a analizar el problema en Siuna. “La gestión gubernamental no ha sido efectiva. El Gobierno no ha hecho nada”, dijo el presidente de la nación mayangna.

“Un veinte por ciento del núcleo de Bosawas ha sido destruido”, advierte Incer Barquero. Pero Bosawas —dice el ambientalista— tiene tiempo de estar en riesgo, debido a que nunca hubo presencia de las autoridades en el llamado “pulmón de Centroamérica”. Ver artículo completo en laprensa.com.ni

23 Abril 2013

Arrasan con 600 manzanas de árboles en Chinandega.

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Más de 600 manzanas de árboles pertenecientes a distintas variedades han sido despaladas en la propiedad de la Comunidad Indígena de la Virgen del Hato por “tomatierras”.

Más de 600 manzanas de árboles pertenecientes a distintas variedades como genizaro, caoba, cedro real, guanacaste, pochote y laurel, entre otros, han sido despaladas en la propiedad de la Comunidad Indígena de la Virgen del Hato, donde está ubicado el santuario de la venerada imagen en el municipio de El Viejo. La denuncia fue hecha por Cristóbal Moreno Pomares, perteneciente a esa comunidad, quien responsabilizó por el despale a Hermógenes Hernández, a Marvin Vílchez, a Richard Soriano y a Paulina Martínez, a quienes calificó como “tomatierras”.“Ellos no son colonos de la comunidad, han llegado como precaristas de otras localidades, y han convertido el lugar en un desierto. Es lamentable lo que está pasando. Para no hacer ruido, ahora utilizan hachas, y están terminando con los pocos árboles que todavía quedan”, indicó.Afirmó que, en una ocasión, miembros de la Dirección de Investigaciones Económicas, DIE, de la Policía de Chinandega, retuvieron un camión cargado con madera procedente de la propiedad de la Virgen del Hato, el cual se volcó en San Cayetano. Dijo que la madera es comercializada en talleres de carpintería de Chinandega y de El Viejo. “He denunciado ante el Marena y el Inafor, pero no he encontrado eco”, expresó Moreno Pomares, en ocasión de la celebración del Día Mundial de la Tierra (22 de abril), decretado por las Naciones Unidas en 1970.Expresó que tienen testimonios, entrevistas y vídeos como evidencias del despale indiscriminado, que solo ha dejado en pie árboles cercanos a la ermita de la Virgen del Hato y a las viviendas de los colonos. “Es necesario que las autoridades actúen, de lo contrario el río  El Congo y otros afluentes desaparecerán”, dijo. Ver artículo completo en elnuevodiario.com.

22 Marzo 2013

Reclamo indígena.

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A jueces y policía.

Las autoridades de la comunidad indígena de Jinotega pidieron auxilio a la Comisión de Asuntos Étnicos, dado que los jueces y la Policía jinotegana han violentado sus derechos despojándolos de sus tierras para cedérselas a arrendatarios.  

Miguel Ángel Gómez, presidente de la comunidad indígena, explicó que más de 40 familias han sido despojadas de sus tierras, sus casas han sido quemadas y hasta ha habido disparos alegando que los títulos que portan no tienen validez.  

Gómez destacó que los abusos de los jueces comenzaron en el 2010 y que cuando ponen denuncia ante la Policía no son escuchados, peor aún los mismos oficiales van montados en los vehículos de las personas que se están quedando con los terrenos.  

“Los jueces dictan sentencia a favor de personas no indígenas y el mismo registrador público que registraba las propiedades de los indígenas ahora desconoce esos registros”, señala Gómez quien agrega que su título real data de 1728.  

El presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos, Brooklyn Rivera, dijo que van a exhortar tanto a la CSJ como a la Policía Nacional para que se investiguen las actuaciones de los judiciales, porque se está afectando el derecho de propiedad del pueblo indígena de Jinotega.  

“Quiero recordar que se está violando la disposición constitucional de que se respeta la propiedad comunal de los pueblos, pero en este caso todo indica que los judiciales desconocen las leyes de la materia”, señaló Rivera. Ver artículo en laprensa.com.ni.

21 Marzo 2013

Diputados investigarán despojo de tierras comunales en Jinotega.

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81 familias perdieron sus propiedades, denuncian líderes indígenas.

Líderes indígenas del departamento de Jinotega denunciaron ante la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, que están siendo despojados de sus tierras, por medio de sentencias de jueces ejecutores que reconocen como dueños a arrendatarios mestizos.

Según Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la Comunidad Indígena de Jinotega, unas 35 familias de la Comunidad Chagüite Grande fueron desalojadas y aseguró que otras 46 familias de Pantasma, Las Lomas y San Esteban, enfrentan el mismo problema.

Rodríguez expuso que esta situación les afecta desde 2010, pero con la actuación de los jueces ejecutores se ha agudizado, ya que benefician con sentencias a favor de arrendatarios, sin que la Comunidad Indígena les conceda el debido permiso.

Registrador ya no reconoce títulos

“En este caso miramos que aun hasta el mismo Registrador Público de la Propiedad que inscribía las escrituras de la Comunidad Indígena, ahora las desconoce”, denunció Rodríguez.

El líder indígena indicó que el 4 de marzo la Policía Nacional detuvo a 13 personas de las comunidades autóctonas, que se oponían a salir de sus tierras.

Por lo grave de la situación dijo que optó por poner el caso en conocimiento de los diputados, para evitar enfrentamientos entre indígenas y Policía cuando ejecutan desalojos.

Diputados comprobarán in situ

El diputado Brooklyn Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, del Poder Legislativo, luego de escuchar a los líderes indígenas de Jinotega, exhortó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a revisar e investigar la actuación de los judiciales señalados.

Asimismo, aseguró que en los próximos días la Comisión dará a conocer un pronunciamiento en respaldo a los pueblos indígenas de Jinotega, para enviarlo a las instituciones nacionales correspondientes que están afectando el derecho a las tierras comunales de los habitantes indígenas.

En la Comisión de Asuntos Indígenas se creó también ayer una subcomisión coordinada por los diputados Argentina Parajón y Santiago Aburto Obando, para investigar la veracidad de la denuncia. Ver artículo en elnuevodiario.com.ni.

11 Marzo 2013

La ilegal privatización de los territorios indígenas.

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Compra y venta es entre mestizos.

Líderes del Gobierno Gentilicio Ancestral de la Moskitia, denuncian que en la Costa Caribe de Nicaragua continúan vendiendo las tierras indígenas a precios bajísimos.

Mientras dirigentes de la Moskitia denuncian que jueces comunales y concejales regionales autorizan la venta de territorios indígenas, el diputado de la Asamblea Nacional Brooklyn Rivera, reconoce esa situación y señala a colonos y mestizos de diversas partes del país como los principales responsables de la compra y venta de esos territorios; en tanto, el presidente de la República, Daniel Ortega, mediante un reciente discurso, aseguró que el Estado nicaragüense ha empezado a reconocer los territorios indígenas y que se necesita seguir fortaleciendo el régimen de autonomía de la Costa Caribe.

Sin precisar nombres de personas, líderes del Gobierno Gentilicio Ancestral de la Moskitia, denunciaron que en la Costa Caribe de Nicaragua continúan vendiendo las tierras indígenas a precios bajísimos, perjudicando en esa transacción a los pobladores autóctonos de la Costa Caribe.

Héctor Williams Padilla, WihtaTara de la Moskitia, (máxima representación indígena en el Caribe), dijo que la población natural de las dos regiones autónomas siguen siendo despojadas de sus tierras indígenas por jueces comunales, concejales regionales y hasta diputados, que están autorizando la venta de sus tierras, a precio de guate mojado.

El denunciante aseguró que las tierras de las comunidades indígenas están siendo vendidas hasta en 1, 500 córdobas por manzana a personas mestizas o colonos que se dedican a la ganadería, y quienes despalan y luego de sacarle provecho las venden y vuelven adquirir otras propiedades, lo que se ha convertido en un círculo vicioso, denunció Padilla.

Compra y venta es entre mestizos

El diputado Brooklyn Rivera, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, dijo que conoce la situación de las ventas ilegales de los territorios indígenas y que esa acción la están realizando mestizos y colonos, que de alguna manera compraron o adquirieron anteriormente algún territorio indígena.

“Nosotros como Comisión estamos informados de lo que está sucediendo en el terreno, es un problema serio de afectación a la propiedad comunitaria, y por lo que estamos instando a las autoridades de las instituciones encargadas a que sancionen a los responsables. Hemos estado en comunicación con la Corte Suprema de Justica para que sancione a los abogados que prestan este tipo de servicio de producir documentos a este tipo de transacciones que están fuera de la ley”, dijo Rivera.

El diputado agregó que todas las ventas de propiedades que se realizan en la Costa Caribe no tienen efecto legal, puesto que los territorios indígenas no pueden ser enajenados, vendidos o donadas porque la ley lo prohíbe y refirió el caso de las dos personas enjuiciadas en Bonanza, José Luis Lira y Víctor Manuel Taleno, por negociar tierras indígenas mayangnas.

Dijo que en el territorio de Sumos y Mayangnas hay seis ordenes más de captura para las colonos cabecillas que realizan esta actividad e igual en los 22 territorios hay otras órdenes para los mestizos y colonos que están afectando la propiedad comunitaria, la cual el mandatario nicaragüense dijo que hay que fortalecerla.

Están acabando con la naturaleza

Con este ciclo de compra, explotación y venta, el WihtaTara, Héctor Williams Padilla manifestó que se está dañando el ecosistema de la Costa Caribe, porque las tierras comunitarias están pasando rápidamente a manos de privados, no encontrándose provecho en las ventas de los territorios para el bien común de las etnias de las dos regiones a los que por ley les corresponde el territorio.

En la compra y venta de propiedades, según Padilla, están siendo afectadas también las 10 comunidades que tienen el título Harrison Altamirano, un tratado que se firmó entre Gran Bretaña y Nicaragua en 1905, donde el Estado de Nicaragua reconoció el territorio autóctono a los pueblos indígenas de la Costa Caribe.

El líder indígena de la Moskitia dijo también que las autoridades regionales están organizando bloques de 18 comunidades para formar nuevos territorios con el objetivo de que sobren más de 33 mil km cuadrados de territorio. La pregunta de Padilla es: qué pasará con esos 33 mil km2 de territorio indígena que sobrarán con la nueva organización territorial que están haciendo.

Según Padilla esa nueva organización territorial que fue presentada como iniciativa de ley por el diputado Brooklyn Rivera, para que los diputados ante la Asamblea Nacional lo aprueben, perjudica la actual organización territorial, algo que negó el diputado diciendo que los 22 territorios existentes se encuentran intactos y que la ley que presentó en diciembre del año pasado está en proceso; y que en su momento fue consultada con los territorios indígenas y hay pleno respaldo a la iniciativa.

“17 territorios titulados”

El diputado Brooklin Rivera dijo que 17 territorios de las comunidades indígenas en la Costa Caribe, ya están titulados, y que 5 están en proceso de titulación. Refirió, además, que 20 territorios están contaminados con la presencia de colonos (personas no indígenas) y solo dos de ellos están limpios (Wanky Maya y Waspam, ubicados en la desembocadura del río Coco) con indígenas autóctonos debido a la posición geográfica que ha impedido a los mestizos extenderse hacia esos territorios.

“De manera que en algunos territorios las afectaciones son más profundas porque hay más colonos que están destruyendo el medio ambiente, saqueando los recursos madereros y también explotando los otros recursos como minas de oro que hay en esos territorios”, aseguró el legislador.

El miércoles de la semana pasada, el diputado Rivera señaló que envió al presidente Daniel Ortega un documento propuesta, donde la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional le plantea al mandatario, que a través de un decreto se cree una Comisión de Saneamiento, integrada por varias instituciones del Estado, para que acompañe a los pueblos indígenas de la Costa Caribe en el resguardo de sus tierras comunales y se disminuya el problema de las ventas ilegales de territorios indígenas.

El legislador agregó que la propuesta que cabe de manera urgente para darle repuesta a los pueblos indígenas de la Costa Caribe, es la creación de esa Comisión de Saneamiento, la cual estaría integrada por funcionarios de la Procuraduría General de la República, la CSJ, la Intendencia de la Propiedad, el Marena, el Ejército de Nicaragua, la Policía, y los Concejos Regionales, instituciones que trabajarían con los pueblos indígenas para darles seguridad y protección a sus territorios.

Según Brooklyn Rivera, con el documento enviado al Ejecutivo, solo estarían esperando la respuesta del presidente Ortega para que en los próximos días se cree esa Comisión de Saneamiento, ya que las comunidades indígenas consideran que no hay protección suficiente del Marena y de la Policía Nacional en sus territorios, aunque sí destacan la presencia del Ejército de Nicaragua a través de los batallones ecológicos.

Los Sumos y Mayangnas han denunciado nuevamente, en la Comisión de Pueblos Indígenas del Legislativo, que en la zona núcleo de la Reserva Bosawas, alrededor de 150 mil hectáreas, están siendo despaladas por los colonos mestizos que llegan al lugar para ocupar las tierras indígenas en ganadería y que posteriormente abandonan para seguir ocupando nuevos territorios.

Ortega llama a fortalecer autonomía

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, dijo el 28 de febrero, en un acto donde conmemoró el 35 Aniversario de la Insurrección Popular de Monimbó que el Estado de Nicaragua tiene que seguir fortaleciendo el régimen de autonomía de la Costa Caribe.

El presidente Ortega dijo en esa ocasión, que las comunidades indígenas han resistido los intentos de dominación de sus tierras, en una forma de organización comunitaria y que ese modelo donde no existe el sentido de la propiedad privada, se tiene que seguir fortaleciendo en el Caribe de Nicaragua, desde el río Coco hasta el río San Juan.

“Hemos empezado por reconocerles los territorios que eran de ellos muchos antes de que existiera el Estado nicaragüense. Y ahí nosotros tenemos el reto y la oportunidad de avanzar en el fortalecimiento del régimen de autonomía, y en el fortalecimiento, por lo tanto, de las comunidades que están ahí establecidas y que están ahí con todo su fuerza cultural con todas sus fuerzas ancestrales, que están arraigadas ahí a ese territorio”. Ver artículo en elnuevodiario.com

07 Marzo 2013

Mayangnas esperan solución.

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Piden se declare emergencia en Bosawas.

Según Brooklyn Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, en los próximos días se podría estar conformando una comisión de emergencia que atienda las demandas de los pueblos mayangnas en la Reserva Bosawas, donde señalan hay despale indiscriminado y deterioro de suelos por lo cual han pedido que se declare emergencia en la zona.

Ayer los líderes mayangnas se reunieron con los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas y con delegados de diferentes instituciones del Gobierno como la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de justicia, el Instituto Nacional Forestal y el Ministerio del Medioambiente a quienes demandaron mayor atención para que la etapa de saneamiento en la zona se haga efectiva.

Taymond Robins, líder mayangna, dijo que hasta la fecha unas 150 mil hectáreas de bosques han sido devastados por unas tres mil familias precaristas y solo el batallón ecológico del Ejército es quien les ha dado resguardo.

Rivera catalogó de positiva la incidencia que los líderes indígenas están realizando ya que efectivamente hay una situación de crisis ambiental en la zona y de violaciones a los derechos de los territorios indígenas, lo cual amerita un compromiso mucho más beligerante de parte de las instituciones de gobierno.

El parlamentario señaló que ya han elevado el planteamiento de los indígenas al presidente inconstitucional Daniel Ortega y que las distintas instituciones realizaron una propuesta de decreto para crear la comisión de saneamiento, por lo que se espera que en los próximos días haya una respuesta.

Según Rivera se están buscando mecanismos que permitan actuar de forma conjunta a todas las instituciones y que se actúe en el terreno, porque los líderes indígenas creen que no hay suficiente acompañamiento. Ver Artículo en laprensa.com.ni

12 Septiembre 2012

Respaldo a gobierno Rama y Kriol

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Los líderes de los 22 gobiernos territoriales indígenas de la Costa Caribe, respaldaron el recurso de inconstitucionalidad que hizo el gobierno Rama y Kriol en contra de la ley del canal interoceánico, porque el proyecto no fue consultado con ellos.

A la vez mostraron su respaldo para el territorio de las 12 comunidades de la cuenca de Laguna de Perlas, por megaproyectos de los cuales no han sido consultados, ni informados, pese a que se pretende se haga en sus territorios.

Ver artìculo completo.(laprensa.ni.com)

 

03 Septiembre 2012

Pueblo Indígena Rama y Comunidades Kriol de la RAAS Demandan por Inconstitucional la Ley del Gran Canal

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El 29 de agosto de 2012 los Señores: Santiago Emmanuel Thomas y  Rupert Allen Clair Duncan, autoridades del Gobierno Territorial Rama y Kriol, del Municipio de Bluefields, RAAS, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua Recurso de Inconstitucionalidad en contra de los funcionarios, Señores: José Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua y René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, quienes en tales calidades han intervenido en la formación, sanción, publicación, divulgación e implementación de la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, sin  consultar al pueblo indígena Rama y Kriol sobre cuyo territorio pasan varias de las rutas del mega proyecto.

El Estado de Nicaragua tituló el territorio Rama y Kriol con 406,849.30 hectáreas de tierra equivalentes a 4,068.493 Km2  de área terrestre y 441,308 hectáreas equivalentes a 4,413.08 Km2 que corresponden al área marítima, por medio del Titulo Comunal No. 010-18-12-2009 del dieciocho de diciembre del año 2009.
Pero en una maratónica carrera de 27 días la Asamblea Nacional aprobó La Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 128 del día Lunes 9 de Julio del año 2012.
El pueblo indígena Rama y la Comunidad Kriol de Monkey Point ha defendido jurídica, nacional e internacionalmente su territorio tradicional; en 1999 durante la presidencia del Dr. Arnoldo Alemán Lacayo presentaron varias acciones legales porque pretendía otorgar una concesión a la empresa del Proyecto Canal Interoceánico de Nicaragua (CINN) conocido como “El Canal Seco” de manera inconsulta; por lo que los Rama y Kriol desde hace casi dos décadas han demandado un proceso de consulta como forma de respeto a la propiedad colectiva tradicional de estos pueblos y comunidades. Y hoy piden además al Estado de Nicaragua, honrar el título de propiedad que este mismo les otorgó recientemente sobre su territorio tradicional.
 
La Ley del Gran Canal podría tener un efecto adverso y hasta confiscatorio sobre gran parte de las tierras del Pueblo Indígena Rama y a las Comunidades Kriol. Pero demás del temor, de la inseguridad y la zozobra que causa a los Rama y Kriol la inminente implementación de la Ley del Gran Canal sobre su territorio; aún en esta fase, la propuesta canalera ya se ha traducido en otras consecuencias adversas inmediatas para estas comunidades, con la agudización de la invasión  de nuevos precaristas y especuladores de tierra, generalmente armados, penetrando en el territorio para apoderase de la tierra. Acciones que constituyen nuevas violaciones a la garantía de la integridad física, a la seguridad y a la vida de los miembros de las comunidades de Monkey Point y Rama.
 
Los demandantes alegan que la falta de Consulta sobre la Ley del Gran Canal viola principios fundamentales establecido en La Constitución Política de Nicaragua que garantiza los derechos de participación política en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos sin discriminación alguna; sobre todo a ser consultados sobre leyes que les puedan afectar y el acceso a la información publica; los derechos de propiedad de las tierras colectivas para  las comunidades indígenas y afrocaribeñas, son presupuestos esenciales para ejercer sus derechos humanos a la identidad y sobrevivencia cultural. De la misma manera la falta de consulta y del consentimiento libre, previo e informado sobre la Ley del Gran Canal viola además  la normativa establecida en El Convenio 169 de la OIT,  la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas y la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA.
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Gobierno Territorial Rama y Kriol
Oficina frente Bodega TipTop 
Bo. Ricardo Morales, Bluefields, RAAS  Tel/Fax (505) 572-1765 Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
http://www.rama-territory.com/

Representación de las comunidades:
Sumu Kaat - Tiktik Kaanu - Rama Cay
Wiring Cay - Monkey Point - Bangkukuk
Corn River - Indian River - Graytown