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Lunes 23 de Octubre de 2017

Tierras, territorios y recursos naturales

03 Septiembre 2012

Pueblo Indígena Rama y Comunidades Kriol de la RAAS Demandan por Inconstitucional la Ley del Gran Canal

Posted in Tierras, territorios y recursos naturales

El 29 de agosto de 2012 los Señores: Santiago Emmanuel Thomas y  Rupert Allen Clair Duncan, autoridades del Gobierno Territorial Rama y Kriol, del Municipio de Bluefields, RAAS, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua Recurso de Inconstitucionalidad en contra de los funcionarios, Señores: José Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua y René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, quienes en tales calidades han intervenido en la formación, sanción, publicación, divulgación e implementación de la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, sin  consultar al pueblo indígena Rama y Kriol sobre cuyo territorio pasan varias de las rutas del mega proyecto.

El Estado de Nicaragua tituló el territorio Rama y Kriol con 406,849.30 hectáreas de tierra equivalentes a 4,068.493 Km2  de área terrestre y 441,308 hectáreas equivalentes a 4,413.08 Km2 que corresponden al área marítima, por medio del Titulo Comunal No. 010-18-12-2009 del dieciocho de diciembre del año 2009.
Pero en una maratónica carrera de 27 días la Asamblea Nacional aprobó La Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 128 del día Lunes 9 de Julio del año 2012.
El pueblo indígena Rama y la Comunidad Kriol de Monkey Point ha defendido jurídica, nacional e internacionalmente su territorio tradicional; en 1999 durante la presidencia del Dr. Arnoldo Alemán Lacayo presentaron varias acciones legales porque pretendía otorgar una concesión a la empresa del Proyecto Canal Interoceánico de Nicaragua (CINN) conocido como “El Canal Seco” de manera inconsulta; por lo que los Rama y Kriol desde hace casi dos décadas han demandado un proceso de consulta como forma de respeto a la propiedad colectiva tradicional de estos pueblos y comunidades. Y hoy piden además al Estado de Nicaragua, honrar el título de propiedad que este mismo les otorgó recientemente sobre su territorio tradicional.
 
La Ley del Gran Canal podría tener un efecto adverso y hasta confiscatorio sobre gran parte de las tierras del Pueblo Indígena Rama y a las Comunidades Kriol. Pero demás del temor, de la inseguridad y la zozobra que causa a los Rama y Kriol la inminente implementación de la Ley del Gran Canal sobre su territorio; aún en esta fase, la propuesta canalera ya se ha traducido en otras consecuencias adversas inmediatas para estas comunidades, con la agudización de la invasión  de nuevos precaristas y especuladores de tierra, generalmente armados, penetrando en el territorio para apoderase de la tierra. Acciones que constituyen nuevas violaciones a la garantía de la integridad física, a la seguridad y a la vida de los miembros de las comunidades de Monkey Point y Rama.
 
Los demandantes alegan que la falta de Consulta sobre la Ley del Gran Canal viola principios fundamentales establecido en La Constitución Política de Nicaragua que garantiza los derechos de participación política en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos sin discriminación alguna; sobre todo a ser consultados sobre leyes que les puedan afectar y el acceso a la información publica; los derechos de propiedad de las tierras colectivas para  las comunidades indígenas y afrocaribeñas, son presupuestos esenciales para ejercer sus derechos humanos a la identidad y sobrevivencia cultural. De la misma manera la falta de consulta y del consentimiento libre, previo e informado sobre la Ley del Gran Canal viola además  la normativa establecida en El Convenio 169 de la OIT,  la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas y la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA.
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Gobierno Territorial Rama y Kriol
Oficina frente Bodega TipTop 
Bo. Ricardo Morales, Bluefields, RAAS  Tel/Fax (505) 572-1765 Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
http://www.rama-territory.com/

Representación de las comunidades:
Sumu Kaat - Tiktik Kaanu - Rama Cay
Wiring Cay - Monkey Point - Bangkukuk
Corn River - Indian River - Graytown

21 Agosto 2012

“No repartir nuestras tierras”

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Ver noticia en laprensa.com.ni

Decenas de miembros de la comunidad indígena de Uluse, en el municipio de San Ramón, Matagalpa, protestaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) en demanda porque cese el proceso de medición de sus tierras a favor de desmovilizados de la Resistencia y del Ejército.

 

En la PGR les prometieron que revisarán su caso. Los dos líderes de la comunidad, Petronilo López y Fidelina Gurdián, dijeron que su visita a Managua es porque conocieron que en esta semana la delegación de la Procuraduría, en Matagalpa, titularía las tierras que han poseído ancestralmente.

 

“No queremos que repartan nuestras tierras”, aseveró Gurdián, quien llamó a respetar la propiedad que les pertenece desde 1907 y que están bajo el título real del pueblo indígena de Muy Muy, entregados por la corona española en 1726. Según Gurdián ellos son 170 familias descendientes de 42 de las mismas registradas por el Estado en esa época.

 

Lamentó que no puedan cultivar sus tierras libremente porque los excontras o exmiembros del Ejército destruyen los siembros o pastorean ganado destruyéndoles milpas y plantíos de frijoles por completo.

 

Ya antes los líderes indígenas han denunciado que los colonos llevados por el Gobierno, entre el 2000 y el 2005, han envenenado sus fuentes de agua y les han quemado sus viviendas.

 

En la oficina de Relaciones Pública de la PGR, los comuneros fueron atendidos y les dijeron que investigarán la situación.

 

Los indígenas recibieron un fallo a su favor de parte del Juez Local de San Ramón, en el que ordenaba a la Policía Nacional brindara protección a la comunidad porque había constatado que estaba amenazada.

 

Las autoridades policiales no acataron la resolución judicial, según el representante legal de la comunidad, Rigoberto Mairena. Ellos adujeron que la PGR mediría y titularía a finales de agosto, por lo que habían decidido no intervenir.

 

En la carta enviada al procurador Hernán Estrada, le reportaron que ya habían llegado a la PGR, pero quien les atendió les dijo que les titularían de forma individual y que no fueran egoístas y permitieran titular a los desmovilizados.

 

NO PERMITIRÁN TITULACIÓN

 

Ellos señalaron que no permitirían la titulación porque la entrega de tierras a desmovilizados es responsabilidad del Estado y no de ellos. Por otra parte rechazaron la titulación por parcelas y pidieron se haga bajo un régimen comunal como trabajaron sus abuelos a inicios del siglo XIX.

 

Según Petronilo López, el delegado de la Intendencia de la propiedad en Matagalpa, Porfirio Zapata, les dijo que titularán las propiedades y que entregarán diez manzanas a los desmovilizados. Del restante distribuirá tres manzanas para cada familia indígena. La propiedad histórica de Uluse es de 200 manzanas y están ubicadas entre los ríos Uluse y Upá.