Vea nuestros videos en Youtube Siganos en facebook Subscribase a nuestro RSS feed

Lunes 27 de Marzo de 2017

17 Junio 2013

Indígenas temen ser “confiscados”.

Posted in Tierras, territorios y recursos naturales

Irán a la CIDH por sentirse amenazados por la ley del Canal.

Las autoridades del Gobierno Rama y Kriol, de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), anunciaron que recurrirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares en contra del Estado de Nicaragua, por la legislación aprobada respecto del Canal Interoceánico que podría expropiarle sus tierras, leyes para los cuales no fueron consultados.  

Becky McCray Urbina viajó a Managua para ser testigo de la aprobación de la ley y a hablar hasta el último instante, con los diputados de la Asamblea Nacional, exigiendo ser consultados. Ella señala que hubo un interés político superior y que los legisladores no piensan en la población y los pueblos originarios, pues solo están interesados en obtener recursos económicos.  

McCray explicó que ellos ya recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el año pasado, cuando se aprobó la Ley 800 del Régimen Jurídico del Gran Canal Interocéanico y de creación de la Autoridad del Gran Canal. En ese entonces tampoco fueron consultados.  

McCray señala que si la CSJ no ha dado respuesta por la primera ley, menos que responda por la recién aprobada, por lo cual consideran que han agotado las instancias internas.

“Ya hay un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley que está promoviendo el gobierno de Daniel Ortega. Hemos empezado desde años atrás hasta agotar las instancias aquí en Nicaragua, ya no vamos a esperar más y vamos a recurrir a la comisión y a la Corte también”, dijo McCray.  

El presidente de la comunidad de Monkey Point, Rupert Clair Duncan, manifestó que ellos ya esperaban un resultado adverso en el parlamento, pero que debían dejar constancia que solicitaron ser escuchados hasta el último momento. Reiteró que las tierras comunales de sus ancestros no pueden ser expropiadas de acuerdo a lo establecido en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT y leyes en defensa de pueblos indígenas.  

“Las tierras comunales son inenajenables, imprescriptibles, inembargables, no pueden ser donadas por nadie, ni siquiera por un juez, ni el Consejo Regional del Atlántico Sur, ni por el presidente de la República”, se quejó Clair. Ver artículo desde www.laprensa.com.ni

Social Bookmarks